Como ya se sabe, el gobierno griego emitió el pasado sábado un decreto de movilización forzosa del profesorado (Y281/11.5.2013 ΦΕΚ 1139Β) para impedir que la Federación de Funcionarios de Enseñanza Media (OLME) llegase a convocar una huelga en época de examenes de acceso a la universidad y que los profesores llegasen a ejercer su derecho constitucional de secundarla.
Lo que quizás no sepan aún es que, desde ayer, agentes de la policía visitan los domicilios particulares de los docentes para entregarles en mano el requerimiento por el que, desde el mediodía del 15 de mayo y hasta nuevo aviso, se les obliga a prestar sus servicios con normalidad en su puesto de trabajo, bajo pena de prisión de al menos tres meses si se niegan a hacerlo o a dar por recibido el aviso.
Así de expedito. Así de democrático. El gobierno envía a la policía a casa de los ciudadanos para intimidarles y para disuadirles de ejercer su derecho a la huelga. Y no es que el gobierno dé mucha importancia a las huelgas, porque las varias generales y las más de tres mil movilizaciones que ha habido en los últimos tres años no han conseguido apartar ni un ápice la política gubernamental de la hoja de ruta señalada por la Troika. Las huelgas no le importan nada; sólo en el caso de que una circunstancia eventual –como la coincidencia con los exámenes de selectividad– pueda potenciar sensiblemente su efecto: entonces se prohiben por decreto y se envía a domicilio a la policía.
La razón que se esgrime, claro está, es la del interés común. Pero al pueblo corresponde valorar con firmeza y con responsabilidad si son los eventuales docentes huelguistas o es la política gubernamental de los últimos tiempos lo que amenaza realmente este sólido principio.