Si Grecia fuese un país del Tercer Mundo, sus “acreedores”, tirando de manual, habrían impuesto ya una dictadura: un gobierno tiránico que restableciese por la fuerza el orden público, ejecutase sus directrices políticas y velase por sus intereses económicos. Pero como una dictadura así no es compatible con la Unión Europea –al menos en las formas–, los “acreedores” han tenido que limitarse a “lo más parecido dentro de las apariencias democráticas”: un gobierno “de conveniencia”, no constituido a través de elecciones, que no representa la soberanía popular, y que, declaradamente, tiene como única misión aplicar a pies juntillas el plan diseñado por Merkel, Sarkozy y la Autoridad Bancaria Europea en la Cumbre de Bruselas del pasado 26 de Octubre. Para alcanzar el éxito, el “nuevo gobierno” cuenta con la presidencia de un tecnócrata banquero, Loukas Papadimos –ex-gobernador del Banco de Grecia y ex-vicepresidente de Banco Central Europeo–, así como con la supervisión general del cabeza del “task-force” de la Comisión Europea, el alemán Horst Reichenbach, y sus más de 300 supervisores europeos repartidos por la administración griega para velar por el riguroso cumplimiento de los objetivos del plan de rescate. He aquí el nuevo gobierno.
Como ya se ha visto –y pese a las postreras soflamas de Papandreou sobre soberanía y patriotismo–, al pueblo se le ha escamoteado en el último momento su derecho a pronunciarse en referéndum sobre una cuestión tan trascendente como la aceptación o no de este nuevo plan de rescate que le tocará sufrir y pagar. Entre tanto, para calmar los ánimos, se vende a la opinión pública mundial la idea de que el generoso acuerdo alcanzado en Bruselas supone una quita –incluso una “condonación”– del 50% de la deuda de Grecia. Veamos en qué consiste esa falacia.
Si la deuda de Grecia ronda actualmente los 360.000 millones, un espíritu cándido y confiado podría pensar que, después del anunciado recorte del 50%, la suma quedaría reducida a 180.000. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque de esa “participación voluntaria en el recorte” (PSI) quedan excluidos los bonos en poder del Banco Central Europeo, los préstamos de la Troika (FMI, BCE, CE), otros préstamos contratados por la Hacienda griega, las letras del Tesoro, los bonos que vencen después del 2020 y las obligaciones del Estado con sus proveedores extranjeros. Es decir, que el recorte se aplica al valor nominal de los bonos que poseen, fundamentalmente, bancos, aseguradoras y cajas griegas. De este modo, la supuesta “condonación” de 180.000 millones de euros quedará, en el mejor de los casos, en un “recorte” de entre 20 y 25.000 millones, es decir, que, al cocer, el 50% se queda entre un 5% y un 7%. Para los que dicen que me invento los datos, aclaro que éstos los facilita en un reciente comunicado el presidente del Banco del Pireo.
Pero esto no es todo, porque la aceptación de este “recorte” lleva aparejado el compromiso de asumir 88.000 millones de nuevos préstamos de aquí a finales de febrero. Y no porque peligre el pago de sueldos y pensiones, sino porque peligra especialmente el cobro de los acreedores. Atentos a los datos: antes del 15 de diciembre, tomaremos prestados los 8.000 millones del famoso sexto tramo “para atender los pagos del Estado”, teniendo en cuenta que de aquí a fin de año hay que abonar intereses por valor de 15.500 millones; en enero, tomaremos otros 30.000 millones para incentivar a los bancos a que cambien sus bonos por los “recortados” de la operación PSI; después, otros 30.000 para que el gobierno recapitalice a los bancos mediante la compra de acciones; y finalmente, en febrero de 2012, 20.000 millones más de la primera entrega de un nuevo y prometedor paquete para afrontar el infinito préstamo, pues en marzo vencen bonos por valor de 14.500 millones. Con esta operación, los acreedores aseguran y amplían su negocio y, sobre todo, consiguen que los nuevos bonos sean deuda interestatal (EFSF) y no se rijan ya por el derecho griego sino por el británico u otro más favorable a sus intereses. Por si esto fuera poco, las agencias de calificación ya han corrido la voz de que el recorte voluntario del 50% será saludado con la etiqueta de Selective Default (SD). Como ven, el “recorte” sale bastante caro, y no sólo en euros, sino también en nuevas medidas de recaudación, en sueldos, en prestaciones, en libertades y en soberanía.
“Si todo va bien”, dicen nuestros rescatadores, “el plan económico hará que, en 2020, la deuda de Grecia se sitúe en el 120% del PIB”. Teniendo en cuenta que, según el principio empírico de Kenneth Rogoff, autoridad mundial en economía, una deuda de más del 90% del PIB no es sostenible, el futuro por este camino no parece muy halagüeño. Mientras tanto, confiados en nuestros líderes, seguimos alimentando la economía ficticia de la especulación con la economía real de la producción, y seguimos tomando prestado para atender los préstamos, socorrer a los bancos y poner los recursos y las libertades a merced de los acreedores.